IRA realizó reformas críticas al programa de petróleo y gas, pero se necesitan reglas más sólidas para que sean duraderas

Nuestras familias hacen senderismo, pescan, acampan, cazan, y disfrutan de las muchas oportunidades recreativas que ofrecen nuestras tierras públicas.

Desafortunadamente, estos terrenos bajo la administración federal, aguas, vida silvestre y comunidades continúan en riesgo y siendo impactadas por más de 100 años de un programa de arrendamiento de petróleo y gas que es obsoleto, y que ha permitido a esta industria compre tierras a bajo precio, y haga que los estadounidenses paguen por la limpieza de los pozos y las tierras después de ser perforadas.

La histórica Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) incluyó varias reformas críticas al programa de petróleo y gas al aumentar las tasas de regalías que no habían cambiado en más de 100 años y al eliminar la práctica de arrendar tierras de una manera no competitiva por solo $1.50 por acre.

Pero para que estas importantes reformas legislativas sean duraderas y se apliquen de manera efectiva, el Departamento del Interior debe incorporar las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación en los procesos de la Oficina de Administración de Tierras e implementar requisitos concretos y regulaciones sólidas para el arrendamiento de las tierras públicas.

Quizás aún más importante, el Departamento del Interior debe reformar el sistema de bonos para que las compañías de petróleo y gas paguen los costos de la limpieza de las tierras que usan. En este momento, esa carga a menudo recae sobre los contribuyentes con sus impuestos. El departamento también debe poner fin al arrendamiento especulativo de petróleo y gas, y eliminar la práctica de arrendar tierras que tienen poco potencial para la extracción de petróleo y el gas.

Las compañías de petróleo y gas continúan reportando ganancias combinadas de $190 mil millones en 2022 y explotando un programa federal de arrendamiento de petróleo y gas que funciona para su beneficio.

El programa de arrendamiento actual le da prioridad a las ganancias de la industria de petróleo y el gas a expensas de la salud pública, la vida silvestre, el medio ambiente, el agua potable y el sector de turismo y recreación.

Millones de pozos de petróleo y gas con fugas y abandonados son una amenaza que debe abordarse de inmediato. Mientras más tiempo pasen estos pozos abandonados, más daño pueden causar al medio ambiente, y más probabilidades de que los contribuyentes terminen siendo responsables del costo de limpieza y restauración de la tierra.

En el condado de Mesa, Colorado, los contribuyentes están obligados a limpiar los pozos abandonados dentro de los límites de las cuencas hidrográficas que proporcionan agua potable a los más de 62,000 residentes de Grand Junction y sus comunidades aledañas después de que la compañía de petróleo y gas Fram Operating LLC solicitó bancarrota.

En el sureste de Nuevo México, un pozo abandonado se encuentra a menos de tres millas del Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad. Durante años, varios pozos abandonados cerca del icónico Parque Nacional Canyonlands y Arches National en Utah no se han tapado correctamente. Estos pozos abandonados amenazan los recursos recreativos y el turismo.

Casi medio millón de acres de tierras públicas estarán disponibles para licitación por parte de compañías de petróleo y gas a partir de mayo de 2023, a pesar de que ya hay más de 11,3 millones de acres en arrendamiento sin utilizar.

Cualquier nuevo desarrollo en terrenos públicos podría contribuir a la crisis de pozos abandonados ya existente. El Departamento de Interior debe establecer nuevas reglas para el sistema de arrendamiento federal antes de que se realicen más ventas.

Según la encuesta de Conservación en el Oeste de 2023, una abrumadora mayoría (91%) de los votantes de la región apoya la reforma del sistema de arrendamiento de tierras públicas y quiere que las empresas de petróleo y gas, en lugar de los gobiernos federales y estatales, paguen todos los costos de limpieza y restauración de los terrenos que utilizan después de perforar.

HECHO insta al Departamento del Interior a escuchar al público y actuar rápidamente, iniciando una reglamentación que se base en el progreso histórico logrado en la reforma del petróleo y el gas en la Ley de Reducción de la Inflación, e implementando medidas más sólidas para garantizar un desarrollo energético responsable y proteger las tierras públicas, la vida silvestre y los contribuyentes.