Por qué es importante el reglamento actualizado de las tierras públicas federales

La Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus siglas en inglés) es responsable de supervisar 245 millones de acres de tierras públicas, lo que representa casi 40% de todos los terrenos federales de Estados Unidos, así como también 700 millones de acres con recursos minerales.

Aunque esta agencia del Departamento del Interior desempeña un papel crucial en la conservación y restauración de tierras y aguas públicas para las generaciones futuras, la vida silvestre, cuencas hidrográficas, la recreación y la protección de los recursos culturales han sido puestos en un segundo lugar en términos de prioridad en comparación con la producción y extracción de recursos naturales.

El cambio climático y el daño causado a nuestras tierras públicas por las industrias extractivas han impactado negativamente la salud del medio ambiente y a nuestras comunidades.

Para restaurar los hábitats y equilibrar el desarrollo responsable, el Departamento del Interior emitió una nueva reglamentación de tierras públicas de BLM en abril, que entró en vigor en junio. Esta norma modernizó la gestión de las tierras públicas por parte de la agencia y dio a la conservación la misma importancia que a otros usos de la tierra, como la extracción de petróleo y gas y la minería.

Esta regla no le da prioridad a la conservación por encima de otros usos, como el pastoreo, el petróleo y el gas o la minería; simplemente eleva la conservación como uno de los otros usos múltiples.

Esta norma, que debió haberse implementado hace mucho tiempo, proporciona a la BLM una nueva orientación para garantizar que la gestión de nuestras tierras públicas se haga de una manera más sostenible. Su implementación es particularmente vital para las comunidades del oeste del país, donde se encuentran la mayoría de las tierras públicas y donde la mayoría de estas tierras están actualmente abiertas a la extracción y el desarrollo.

Debido a la falta de financiación, la BLM ha enfrentado retos para abordar la degradación de la tierra. Esta regla brinda a las organizaciones y al público la oportunidad de participar en la rehabilitación de tierras y aguas públicas, al mismo tiempo que ayuda a cubrir los costos del trabajo de conservación. Estos arrendamientos de restauración no afectan los derechos existentes, como la minería, las actividades de petróleo y gas y el pastoreo. Sin embargo, los usos posteriores de estas tierras restauradas deben alinearse con los propósitos del arrendamiento de conservación.

Dados los numerosos desafíos que enfrenta la salud de las tierras públicas, incluyendo la degradación por incendios, sequías, especies invasoras, fragmentación del hábitat y otras amenazas, la gestión proactiva de tierras y recursos naturales para la conservación por parte de la agencia no solo es importante, sino fundamental.

Además de restaurar paisajes y cuencas hidrográficas que no cumplen con los estándares de salud, esta regla brinda a los administradores de tierras herramientas para conservar ecosistemas intactos de una degradación futura como lo contempla la Ley Federal de Política y Gestión de Tierras de 1976 (FLPMA).

La regla de tierras públicas es una guía integral para la futura toma de decisiones de la agencia y brinda una plataforma para que los estados, las tribus, el gobierno local, las partes interesadas y los usuarios de tierras públicas, incluidos los titulares de permisos de pastoreo, puedan aportar en el proceso de la gestión de estos terrenos.

Si bien algunos grupos, incluyendo la Asociación Nacional de Ganaderos (NCBA), han expresado preocupación y oposición a la regla actualizada de tierras públicas, nada en ella minimiza o amenaza explícitamente el pastoreo. De hecho, protege explícitamente derechos vigentes y usos previamente autorizados, incluido el pastoreo.

Esta reglamentación apoya los esfuerzos de los titulares de permisos/arrendatarios de pastoreo para mantener tierras públicas saludables y de esa manera puedan sustentar el pastoreo en el futuro.

Esta regla no prioriza la conservación; simplemente equilibra todos los usos. Si la BLM recibe una solicitud para un arrendamiento de conservación que entra en conflicto con un permiso o arrendamiento de pastoreo existente, ese arrendamiento de conservación no será aprobado.

Elevar la conservación al mismo nivel que otros usos no restringe el acceso público a las tierras públicas. La regla de tierras públicas garantiza que las áreas de recreación permanezcan abiertas al público. Al ofrecer una forma de preservar y restaurar nuestros terrenos públicos, esta reglamentación apoya la vida silvestre y los usos tradicionales como la caza, la pesca y otras actividades recreativas.

A pesar de todos los beneficios para las comunidades y para la salud de nuestras tierras y aguas públicas, la norma actualizada de tierras públicas enfrenta varias amenazas en los tribunales: cinco estados han presentado demandas.

Según la encuesta de Conservación en el Oeste de 2024, siete de cada diez (70%) votantes preferirían que su miembro del Congreso conservara las tierras públicas, en lugar de fomentar el desarrollo energético en ellas. Con un apoyo tan amplio y diverso, las comunidades deben unirse y garantizar que sus representantes en Washington, D.C. escuchen lo que esta regla significa para ellos y apoyen su implementación y durabilidad para el futuro.

El trabajo de la Oficina de Administración de Tierras es salvaguardar nuestras tierras públicas con un enfoque que equilibre la conservación, la recreación y el desarrollo en beneficio de las generaciones actuales y futuras, y la regla de las tierras públicas brinda a los encargados de gestionar estas tierras las herramientas adecuadas para hacerlo.